En un seminario realizado el 14 de agosto en el Campus Santiago de la Universidad de Talca, especialistas destacaron el valor de las opiniones consultivas de tribunales internacionales para orientar políticas públicas, exigir mayores responsabilidades y resguardar a las generaciones futuras.
La emergencia climática ya no es solo un problema ambiental y está afectando directamente la vida de millones de personas. Ese fue el punto de partida del Seminario Nacional “Litigio Climático: Lecciones y desafíos para la tutela de derechos en el contexto de la emergencia climática”, que reunió a la abogada y doctora en Derecho de la UTalca, Manuela Royo; al director de ONG FIMA, Ezio Costa; y a María Ignacia Sandoval, investigadora en Derechos Humanos.
“Estamos en una crisis climática muy grave y esto afecta los derechos de millones de personas en el mundo”, advirtió Manuela Royo, subrayando que hoy el derecho internacional de los derechos humanos se conecta con el derecho ambiental e impone deberes a Estados y empresas. “Estos derechos deben ser exigidos en tribunales internos e internacionales”, añadió, recordando además el avance de reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho.
Desde la perspectiva de la justicia climática, Ezio Costa enfatizó que las soluciones deben considerar quiénes han contribuido más a la crisis, destacando que “los países más responsables son los que más tienen que contribuir”. Y sobre equidad intergeneracional, recalcó que “no podemos generar acciones hoy que produzcan daño a las generaciones futuras”, por lo que la mitigación y la adaptación requieren compromisos escalonados y efectivos.
Por su parte, María Ignacia Sandoval, explicó que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia operan como una hoja de ruta, ya que permiten orientar estándares que los Estados deben implementar. Ello se traduce en políticas públicas que aseguren el goce efectivo de derechos afectados por el cambio climático —como agua potable, salud, educación y alimentación— y en la evaluación de si la normativa vigente se alinea con dichos estándares. “La participación ciudadana debe ser efectiva y con capacidad real de incidir en decisiones públicas”, apuntó.
La investigadora recordó que la opinión consultiva ante la Corte Interamericana fue solicitada por Chile y Colombia, lo que refleja una voluntad política de enfrentar impactos ya visibles en el territorio: zonas de sacrificio y desplazamientos internos vinculados al clima, fenómenos que demandan respuestas inmediatas y de largo plazo.
Al finalizar la jornada, los expositores coincidieron en que el litigio climático no solo defiende derechos en tribunales: también instala criterios para adoptar o corregir políticas y para fortalecer la democracia ambiental con foco en mejorar la calidad de vida de las personas.
